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Integrantes del ámbito de la salud pública instaron al gobierno estatal a llevar a cabo auditorías detalladas en la sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), argumentando la existencia de diversas anomalías en la gestión financiera de la entidad.
En palabras de Angélica Cruz Jiménez, profesional de la salud pública, la falta de transparencia ha sido una constante en el sindicato, lo que lleva a los propios trabajadores a desconocer el destino de los recursos económicos del organismo. En este sentido, resaltaron la necesidad de que los actos de corrupción sean investigados a fondo.
Esteban Garnica Celaya, miembro del área administrativa, respaldó estas afirmaciones al señalar que durante la gestión de Sonia Ocampo Chapa no se ha presentado ningún informe que evidencie el uso efectivo de los recursos recaudados a través de las cuotas sindicales. En consecuencia, subrayó la importancia de la intervención de las autoridades estatales.
Arturo Moreno Armenta también expresó su preocupación, indicando que, a pesar de las investigaciones iniciales, las irregularidades en el sindicato persisten sin consecuencias legales. Por ello, exigió que se establezcan responsabilidades penales.
Los profesionales de la salud argumentaron la necesidad de fortalecer las medidas preventivas ante las diversas irregularidades presentes en el sindicato. La opacidad en la gestión financiera genera incertidumbre sobre el manejo de los recursos económicos, creando un entorno propicio para prácticas corruptas.
Además, hicieron hincapié en la urgencia de transformar el sindicato en una entidad transparente, donde se garantice la democracia en los procesos de elección y entre los propios trabajadores. Esta falta de transparencia ha persistido durante años, y por ello, insisten en la necesidad de rendición de cuentas y transparencia en la administración del sindicato.
Desde el inicio de la actual administración estatal, la Secretaría de Salud estatal (SSH) identificó irregularidades en las retenciones de pagos de nómina de los trabajadores, cuyos fondos permanecen sin esclarecer. Se exige que se tomen medidas contra los ex funcionarios estatales y la dirigencia sindical que permitieron estas acciones ilícitas.
