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La revocación de la prisión preventiva obligatoria no implica una liberación masiva, asegura Marco Antonio Mendoza, quien resalta el uso político de este término. Presentando una propuesta ante la Cámara de Diputados, el legislador federal señaló que su objetivo es restringir su aplicación a casos que no sean considerados como delitos graves, mencionando situaciones como las ocurridas en Hidalgo donde se abusa de esta medida.
Mendoza destacó que tanto la prisión preventiva justificada como la obligatoria han sido objeto de abusos, citando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las considera inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. En referencia a Hidalgo, denunció el uso político de la prisión preventiva justificada por parte de la Procuraduría Estatal, resultando en la detención de personas que podrían enfrentar los procesos en libertad.
El diputado explicó que el objetivo del Sistema de Justicia Penal, implementado desde hace varios años y concluido en 2018, era evitar que se convirtiera en una “puerta giratoria”, pero también garantizar el respeto a la presunción de inocencia.
Ante la creciente adopción del criterio de la Corte Interamericana por parte de los jueces federales, Mendoza considera necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruya al Congreso a legislar sobre este tema.
Mendoza distinguió entre dos tipos de prisión preventiva: la justificada, aplicada en casos de delitos no graves donde exista riesgo de fuga, y la obligatoria, reservada para delitos de gran gravedad que requieren privación de libertad durante el proceso. Adicionalmente, señaló que algunos delitos, aunque no sean graves, son utilizados con fines políticos.
En cuanto al narcotráfico, Mendoza insistió en que la prisión preventiva debe ser obligatoria cuando existan acusaciones en ese sentido, rechazando cualquier enfoque laxo y destacando la necesidad de hacer cumplir la ley con firmeza.
