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En un reciente desarrollo, se ha informado sobre la detención de tres individuos pertenecientes al actual gobierno de Hidalgo. El gobernador Julio Menchaca dio a conocer que durante su gestión han sido detenidos tres funcionarios por anomalías detectadas por la Contraloría estatal y actualmente están bajo arresto preventivo.
Entre los detenidos se encuentra una directora general de la Secretaría de Hacienda, así como dos directores de área de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), estos últimos acusados de presunta falsificación de placas.
El gobernador destacó la importancia de respetar la ley y condenó cualquier forma de corrupción o abuso en el ejercicio del trabajo público. Se mencionó que, tras ser detectadas las irregularidades, se procedió a informar al Ministerio Público, quien llevó a cabo las acciones correspondientes por el uso indebido de sus funciones.
En relación al perjuicio al erario público ocasionado por la falsificación de placas, Menchaca indicó que están en proceso de evaluación y, por lo tanto, prefirió no revelar una cifra aproximada.
Respecto a las acusaciones de persecución política contra el alcalde de Progreso de Obregón con licencia y candidato a diputado local por el Distrito 07 Mixquiahuala, Armando Mera, el gobernador enfatizó que la justicia no se ve influenciada por consideraciones electorales y que las acciones están motivadas por el respeto a la ley, no por afinidades partidistas.
El mandatario agregó que el compromiso con la ciudadanía para combatir la impunidad y la corrupción sigue firme, a pesar de que las detenciones puedan generar incomodidad. Destacó que la administración actual ha demostrado su compromiso con la rendición de cuentas al detener a tres funcionarios, y mencionó que la Auditoría Superior estatal ha presentado expedientes de 11 presidentes municipales, la mayoría de los cuales están siendo procesados.
En otro orden de acontecimientos, el gobernador hizo mención de la detención de dos individuos presuntamente implicados en delitos de naturaleza sexual contra menores de edad y posesión de pornografía infantil. Se sugirió que podría haber más involucrados y que hay pruebas suficientes para considerar que estos actos no solo eran para consumo personal, sino también con fines lucrativos.
