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El Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH) de Hidalgo enfrenta la ausencia total de algunos de sus miembros, incluyendo la secretaría técnica, la cual lleva vacante desde agosto pasado, según un informe del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con el reporte del SNA, Hidalgo se encuentra entre los 14 estados del país que no cuentan con la totalidad de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAH. Dos de los miembros del CPC han concluido sus periodos, pero no han sido renovados desde la segunda mitad del año pasado, lo que ha impedido la implementación de políticas específicas de prevención dentro del sistema local.
La presidenta de la comisión Anticorrupción y Transparencia del Congreso local, Lisset Marcelino Tovar, anunció que se buscará renovar a los dos integrantes del CPC mediante una convocatoria que será emitida por la propia comisión antes de que termine la legislatura local.
Marcelino Tovar confía en que exista voluntad política entre los miembros de la comisión para emitir la convocatoria y renovar los dos cargos del CPC del SEAH, permitiendo así que cumplan con sus funciones correspondientes.
A pesar de esta falta de integrantes, la legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el SEAH no ha sido desarticulado, ya que otros entes públicos participan en la política estatal anticorrupción, como la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).
Marcelino Tovar también destacó el funcionamiento regular del SEAH en términos de actualización del sistema estatal anticorrupción y su colaboración con el gobierno estatal y diversas instituciones públicas en los últimos meses.
Desde agosto pasado, Ángel González se ha desempeñado temporalmente como encargado del Secretariado Técnico del SEAH, lo que significa que solo siete personas trabajan a tiempo completo en este organismo encargado de la política estatal anticorrupción, establecido en 2016.
