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El 1 de julio de 2024, Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de Perú, compareció ante un tribunal en Lima para enfrentar un juicio por presunto lavado de dinero. Fujimori, una de las figuras políticas más influyentes del país, está acusada de dirigir una organización criminal que blanqueó alrededor de 17 millones de dólares durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Entre los financiadores mencionados se encuentra el conglomerado brasileño Odebrecht, implicado en numerosos casos de corrupción en América Latina. Los fiscales han solicitado una condena de hasta 30 años de prisión para Fujimori, quien ya ha pasado tiempo en prisión preventiva entre 2018 y 2020.
El juicio, que se espera sea uno de los más extensos en la historia reciente de Perú, podría durar hasta dos años, con más de 5 mil pruebas y 1,300 testigos. La defensa de Fujimori, liderada por Giulliana Loza, argumenta que no hay fundamento para las acusaciones.
Este proceso es parte de una amplia campaña anticorrupción en Perú, derivada de las revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht a altos funcionarios peruanos, incluyendo a cuatro expresidentes. A pesar del juicio, se anticipa que Fujimori podría lanzar una cuarta candidatura presidencial para las elecciones de 2026, a menos que sea condenada antes de esa fecha.
