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La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo histórico que concede a los presidentes de la nación una “inmunidad absoluta” frente a enjuiciamientos por actos oficiales, un movimiento que impactará profundamente en la política y la administración de justicia del país. Este dictamen, centrado en la demanda del expresidente Donald Trump para evitar un juicio penal por sus acciones postelectorales de 2020, asegura que este proceso no procederá antes de las elecciones de 2024.
La decisión, apoyada por los seis jueces conservadores del tribunal, establece que los presidentes deben ser presumidos inmunes por una amplia gama de actos oficiales, incluyendo la reducción del tamaño de la Suprema Corte y la eliminación de pensiones vitalicias para magistrados. Sin embargo, los tres jueces liberales han disentido, argumentando que esta inmunidad podría socavar los principios democráticos fundamentales.
El fallo también implica que cualquier actividad criminal relacionada con actos oficiales del presidente será inmune al enjuiciamiento, enfatizando que el Congreso no puede criminalizar tales conductas. La decisión, que se traduce en el aplazamiento del juicio de Trump mientras se define qué constituye un acto “no oficial”, destaca la preocupación por proteger la capacidad del presidente para actuar sin temor a futuras repercusiones legales.
En una declaración contundente, el tribunal dejó claro que los presidentes no están por encima de la ley pero que, debido a la naturaleza de sus funciones, requieren esta inmunidad para tomar decisiones cruciales sin el peso del enjuiciamiento posterior. Esta nueva doctrina de inmunidad presidencial redefine las relaciones entre el ejecutivo y el sistema judicial, asegurando que el presidente pueda ejercer sus poderes constitucionales de manera vigorosa y sin obstáculos legales.
La mayoría conservadora del tribunal enfatizó que su decisión no protege al presidente de todos los procesos judiciales, sino que garantiza que actos específicos relacionados con sus funciones oficiales no sean objeto de persecución penal. Esta medida busca evitar persecuciones políticas y proteger la estructura constitucional de separación de poderes.
La Corte Suprema ha sentado así un precedente que afectará profundamente la administración de justicia en Estados Unidos, provocando debates sobre los límites del poder presidencial y el equilibrio entre las ramas del gobierno.
