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En Hidalgo, diversos municipios, dependencias gubernamentales y organismos autónomos enfrentan el reto de justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un total de 2 mil millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2018 a 2022.
Álvaro Martín Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría estatal, informó sobre esta situación que abarca el periodo del sexenio anterior. Según estadísticas del contralor, aproximadamente 638 millones de pesos pertenecen a dependencias del Poder Ejecutivo.
La ASF ha notificado a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre procedimientos de responsabilidades derivados de estas observaciones, aunque no se especificó el número exacto debido a su naturaleza federal.
Bardales Ramírez también mencionó que la ASF traslada a la Secretaría de Contraloría de Hidalgo los pliegos de observaciones cuando los entes fiscalizados no justifican correctamente el dinero, para iniciar los procesos correspondientes a nivel estatal.
Entre los municipios afectados por las observaciones se encuentran Actopan, Ixmiquilpan, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Nopala, San Felipe Orizatlán, Tezontepec y Tula, tras la fiscalización conocida como “Colmena”.
Además, dos alcaldes electos, Carlos Cesar Pérez Escamilla y Amado Pérez Hernández, enfrentan restricciones para asumir sus cargos públicos en San Felipe Orizatlán y Zacualtipán, respectivamente, debido a resoluciones emitidas por la Contraloría de Hidalgo. Aunque Amado Pérez Hernández podrá asumir en septiembre tras concluir su sanción en agosto de 2024, la situación de Carlos Cesar Pérez es más complicada, con una inhabilitación de 30 meses aún en disputa.
