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El gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo de seguridad y limpieza en la Glorieta de Insurgentes, tras recibir múltiples quejas sobre narcomenudeo y prostitución en la zona. Según Martí Batres, esta intervención ha sido una de las decisiones más complejas debido a la necesidad de recuperar y regenerar el espacio público con una perspectiva de justicia social.
El viernes pasado, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Inclusión y Bienestar Social, y Obras y Servicios, desplegaron un operativo que incluyó la limpieza de 4,000 metros cuadrados y la eliminación de 50.7 toneladas de desechos. Además, se realizaron mesas de diálogo con colectivos y grupos sociales que ocupaban el espacio.
A pesar de los esfuerzos, algunos ciudadanos y críticos consideran que los resultados no son suficientes. Señalan que la problemática de fondo, como la inseguridad y la falta de apoyo a los comerciantes desplazados, sigue sin resolverse completamente.
Durante la intervención, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, destacó que se respetaron los derechos humanos de las personas en el sitio, y que se ofrecieron alternativas de alojamiento a seis personas en situación vulnerable, quienes decidieron irse por sus propios medios.
La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública también participó en las negociaciones para liberar el espacio de comercio informal, garantizando un proceso coordinado y sin afectar a terceros.
La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos supervisó el respeto a los derechos y ofreció otro espacio para las personas de la diversidad sexual que trabajaban en la zona.
La respuesta a esta intervención ha sido mixta, con algunos apoyando la limpieza y otros criticando la falta de soluciones integrales. El debate sobre la efectividad de estas medidas continúa, mientras las autoridades defienden su enfoque de diálogo y coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
