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Después de un año de la trágica muerte de un joven dentro de la barandilla de detención en Progreso de Obregón, el ayuntamiento finalmente aceptó que violó derechos humanos al reconocer la recomendación R-VMJ-0006-23. Esta recomendación fue inicialmente rechazada, pero tras la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso Local, el municipio decidió dar el brazo a torcer.
La recomendación fue emitida el 6 de noviembre de 2023 y apuntaba al entonces alcalde Armando N, quien ahora enfrenta cargos penales por presuntos desvíos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos constató que la policía local no solo falló en proteger la vida del joven, sino que también ignoró su derecho a no ser sometido a violencia y a recibir atención médica y psicológica adecuada.
En una movida inesperada, el cabildo de Progreso decidió inicialmente no aceptar la recomendación en una sesión del 21 de noviembre de 2023. Sin embargo, con la presión de la madre de la víctima y la intervención de la CNDH y el Congreso, el actual presidente municipal, Osvaldo Cano Olvera, y el síndico, Armando Martínez Treo, anunciaron el 14 de agosto de este año que finalmente aceptarían la recomendación.
Esto significa que el municipio deberá reparar el daño causado, capacitar a los servidores públicos sobre el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y otras normativas sobre el uso de la fuerza, e iniciar una investigación contra el exalcalde y tres policías involucrados.
Desde 2022, esta es la única recomendación que no se había aceptado, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) confirma que no hay otro caso similar en la actualidad.
