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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, admitió un recurso presentado por Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, evitando así un pago inmediato de 18,455 millones de pesos al SAT. Este crédito fiscal, relacionado con el ejercicio de 2013, es el más grande que enfrenta el empresario. Si el recurso hubiera sido rechazado, Elektra estaría obligada a pagar de inmediato. Sin embargo, la decisión de Piña abre la posibilidad de una revisión prolongada del caso, beneficiando a Salinas Pliego al ganar tiempo en tribunales.
El 21 de agosto de 2024, Piña aceptó el recurso, que ahora será evaluado por el ministro Alberto Pérez Dayán. Este movimiento ha causado controversia, ya que Salinas Pliego ha perdido en dos instancias anteriores. La inclusión del caso en la agenda de la Corte implica una demora adicional en la resolución definitiva.
Las implicaciones de esta decisión son significativas. Mientras el SAT y la Procuraduría Fiscal pueden impugnar la admisión del recurso, la decisión de la Corte se centrará en la constitucionalidad de las leyes aplicadas, no en la validez de los créditos fiscales o las acciones del SAT. Esta situación reduce las probabilidades de éxito para el SAT y mantiene a Elektra fuera del alcance inmediato de sus obligaciones fiscales.
El caso se enmarca en un contexto de creciente presión por parte del gobierno de AMLO para resolver los litigios fiscales pendientes. La deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el SAT asciende a 63,000 millones de pesos, sumando juicios fiscales previos y créditos emitidos durante la administración actual.
La eliminación de Elektra del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, después de la suspensión prolongada de sus acciones, refuerza la gravedad de la situación financiera del grupo. Esta exclusión afecta su visibilidad en el mercado y su percepción entre los inversionistas, complicando aún más la posición de Salinas Pliego.
La intervención de Norma Piña en este caso es vista por muchos como un salvavidas para Salinas Pliego, protegiéndolo de un golpe financiero inmediato mientras se prolongan los procesos judiciales. Esta situación ha provocado críticas tanto del gobierno como de la opinión pública, que exigen una resolución justa y rápida en el caso de uno de los hombres más ricos de México.
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