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El #Gobierno de #México ya se decidió a darle batalla a la extorsión, un delito que la presidenta #ClaudiaSheinbaum reconoció sin rodeos que “no ha sido contenido” en años recientes. Esta semana, la mandataria presentó una estrategia nacional para frenar este problema, acompañada de su equipo de seguridad, y anunció además una propuesta de reforma constitucional para crear una Ley General contra la Extorsión.
El plan tiene cinco ejes clave:
🔹 Capturar a los responsables con apoyo de inteligencia e investigación.
🔹 Crear unidades antiextorsión en los estados.
🔹 Aplicar un protocolo especial para atender a víctimas.
🔹 Capacitar al personal del 089 para crisis y negociación.
🔹 Lanzar una campaña nacional de prevención.
Además, se reforzarán los operativos en penales para frenar las llamadas desde dentro de las cárceles y se pedirá a la UIF congelar cuentas relacionadas con estos delitos. También se buscará bloquear judicialmente líneas telefónicas usadas por criminales.
📞 La línea 089 será la vía oficial para denunciar extorsiones, garantizando anonimato y seguimiento a cada caso. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esto busca proteger a miles de familias trabajadoras que cada día levantan sus negocios con esfuerzo.
Pero hay un dato que preocupa: ocho estados concentran el 66% de los casos (Edomex, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán). Solo en 2023, en el Estado de México se abrieron más de 2,000 carpetas por este delito.
👀 El gran reto: la estructura.
Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, ve bien la iniciativa pero advierte que no será fácil. Habla de obstáculos como la corrupción en penales y la necesidad de inversión millonaria para que las nuevas unidades funcionen.
Según la ENVIPE, en 2023 hubo 4.9 millones de casos de extorsión, de los cuales el 85.6% fueron vía telefónica. Lo más alarmante: el 96.7% no se denuncia y solo el 0.02% llega a obtener justicia, sin reparación completa del daño.
Rivas incluso cuestiona ideas como capacitar a cajeros de tiendas para detectar extorsiones: “Se pondría en riesgo a personas que ni siquiera tienen responsabilidad legal”. Además, señaló que en estados como Michoacán y Guerrero los productores agrícolas han sido obligados a pagar “cuotas” para poder trabajar, generando miedo, desconfianza y hasta normalización del delito.
“La voluntad política es importante, pero si no hay recursos ni estándares claros, esto podría quedarse en buenas intenciones”, remató.
