En #Hidalgo, aunque ya hubo varias reuniones entre los poderes #Judicial, #Legislativo y #Ejecutivo para poner en marcha el #Registro Público de #DeudoresAlimentarios, la verdad es que esto sigue atorado. ¿La razón? Alegan que publicar esos datos podría violar los derechos humanos de quienes no cumplen con la pensión alimenticia.

La organización Ley Sabina, representada por Citlalli Macías y Abigail Díaz, explicó que a nivel federal ya se aprobó la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero en Hidalgo la información que hay no es pública, y eso dificulta exigir que los morosos cumplan con su responsabilidad. Esto fue destacado después de que la diputada Karla Perales hiciera un llamado para que se legisle a favor de proteger las pensiones alimenticias.
Aunque se logró que la legislación estatal armonice con la federal para que el Poder Judicial pueda aportar datos al registro nacional —un paso importante para hacer justicia a niñas, niños y adolescentes—, el acceso restringido solo a personas interesadas se vuelve una barrera enorme para combatir la problemática.
Las activistas resaltan que tener leyes como la “3 de 3”, que busca impedir que deudores alimentarios o agresores accedan a cargos públicos, no sirve de mucho si la sociedad no tiene forma de saber quiénes son estos morosos.
En estados como Oaxaca, Ciudad de México y Puebla, los registros son públicos y cuentan con buscadores en línea donde cualquiera puede encontrar a los inscritos con solo poner un nombre.
En Hidalgo, por otro lado, hay quienes frenan la difusión de esta información argumentando la protección de los derechos humanos de los deudores, pero la organización insiste en que eso también afecta los derechos alimenticios de niñas, niños y adolescentes, que son igual de importantes.
Ley Sabina ya tiene documentados más de 300 casos de morosos en la entidad y pide que el registro se actualice automáticamente por el Poder Judicial, sin que las personas tengan que hacer solicitudes para inscribirse. Además, alertan que hay abogados que cobran hasta 10 mil pesos por inscribir a alguien en el registro, cuando este trámite debería ser completamente gratuito.
Así que mientras no se transparenten estos datos, la lucha por garantizar pensiones alimenticias en Hidalgo sigue pendiente… y las familias esperando justicia. ⚖️💔
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