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El #presidente #NayibBukele celebró con bombo y platillo los 1.000 días sin #homicidios en #ElSalvador, presentándolo como un logro histórico. Sin embargo, entre críticos y activistas de derechos humanos, la alegría es más bien cuestionable, ya que la información oficial está bajo reserva y no puede verificarse de forma independiente.
Según el Gobierno, divulgar más datos podría poner en riesgo la seguridad nacional, pero esto ha generado dudas sobre la transparencia de las cifras. Expertos señalan que no se sigue el llamado protocolo de Bogotá, que garantiza que los registros de homicidios sean confiables y transparentes. Antes, la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la Corte Suprema cruzaban datos para dar un número oficial único de homicidios. Hoy, desaparecidos y pandilleros muertos en enfrentamientos quedaron fuera de esas estadísticas.
Jayme Magaña, abogada y directora de Alas por la Libertad, asegura que la campaña de “cero homicidios” puede engañar al público y negar a las familias de víctimas el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Pese a esto, el Gobierno proyecta cerrar el año con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en décadas.
El cambio radical en seguridad se atribuye al régimen de excepción, implementado en 2022 tras un repunte de violencia que llegó a 62 homicidios en un solo día de marzo de ese año. Desde entonces, se han dado 42 prórrogas, la más reciente vigente hasta el 2 de octubre. La medida ha permitido detener a unas 89.000 personas, la mayoría aún sin acusación formal. Bukele informó que unos 8.000 ya han sido liberados por falta de pruebas, aunque organismos de derechos humanos critican que se violan derechos y se perpetúa la tortura en prisiones.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, incluyendo la extensión de la detención provisional de 72 horas a 15 días y la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. Recientemente, la Asamblea Legislativa amplió a dos años el plazo para que la Fiscalía presente acusaciones contra detenidos durante este régimen, una medida criticada por la oposición por violar el derecho a una justicia pronta.
Pese a la caída de homicidios, ONG y defensores de derechos humanos exigen la derogación del régimen, denunciando capturas arbitrarias y torturas. El Gobierno, por su parte, defiende la política y acusa a los críticos de “proteger delincuentes y no ciudadanos honrados”.
Mientras tanto, historias como la de Darwin Avilés, de Apopa, recuerdan que la violencia no desapareció para todos. Avilés busca a su padre desaparecido por pandillas hace 10 años, y critica que la administración aún no atiende a las familias de los desaparecidos. Según cifras del Gobierno, las pandillas serían responsables de 120.000 homicidios y 80.000 desaparecidos en las últimas dos décadas.
Incluso con la mejora en seguridad, el país aún enfrenta el reto de localizar restos en fosas clandestinas. Solo en los últimos dos meses, la Fiscalía recuperó 11 cuerpos, asesinados con “extrema violencia” entre 2010 y 2022, según el comunicado oficial. Bukele reconoce que localizar a todas las víctimas enterradas sigue siendo un desafío pendiente.
