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Washington y Ciudad de México. La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente diplomático con México al cancelar las visas de más de 50 políticos y funcionarios, en su mayoría vinculados al partido oficialista Morena. La decisión, que forma parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico y sus presuntos aliados políticos, ha generado preocupación en los círculos del poder mexicano y amenaza con tensar aún más la relación entre ambos países.
De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, las revocaciones afectan principalmente a figuras del oficialismo, aunque también alcanzan a funcionarios de otros partidos. Las medidas han provocado un profundo malestar en la élite política mexicana, acostumbrada a viajar con frecuencia a Estados Unidos, y representan un mensaje de presión directa hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha intentado mantener una postura de colaboración con Washington.
La agencia informó que administraciones anteriores habían aplicado acciones similares, pero nunca con esta magnitud. Tres exembajadores estadounidenses coincidieron en que la administración Trump está utilizando la política migratoria como herramienta de coerción diplomática. El exembajador Earl Anthony Wayne calificó la medida como una forma de aumentar la presión sobre México, reflejando la intención de Washington de imponer sus condiciones en temas de seguridad y combate al crimen organizado.
Entre los casos conocidos se encuentra el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó la revocación de su visa y negó cualquier vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, la falta de explicaciones por parte del Departamento de Estado ha generado incertidumbre y temor entre otros funcionarios que podrían estar bajo investigación. En total, solo cuatro políticos han reconocido públicamente haber perdido su visa, aunque las fuentes mexicanas aseguran que el número real es mucho mayor.
El Departamento de Estado estadounidense justificó las revocaciones bajo el argumento de que cualquier visa, incluso la de un funcionario extranjero, puede ser cancelada si se considera contraria al interés nacional. La medida forma parte de la estrategia de Trump para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que ha permitido a la DEA intervenir más directamente en la evaluación de las relaciones entre autoridades mexicanas y grupos criminales.
Las repercusiones políticas en México son evidentes. Dentro de Morena, algunos miembros acusan a la administración Trump de utilizar estas acciones para desestabilizar al gobierno de Sheinbaum y erosionar su legitimidad ante la opinión pública. Sin embargo, la falta de reacción firme por parte de la presidenta ha sido criticada por diversos sectores que la acusan de sumisión frente a Estados Unidos. Ni la Presidencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido declaraciones al respecto.
Analistas internacionales advierten que esta ola de cancelaciones podría convertirse en una herramienta de presión sin precedentes. Exembajadores como John Feeley y Roberta Jacobson advirtieron que revocar visas sin pruebas ni procesos judiciales puede ser contraproducente y poner en riesgo la cooperación bilateral en materia de seguridad. Feeley señaló que este tipo de medidas podría provocar una reacción política negativa en México, donde la percepción de debilidad de Sheinbaum frente a Washington crece con cada conflicto diplomático no resuelto.
Con esta decisión, Estados Unidos envía un mensaje inequívoco: su guerra contra el narcotráfico no se limita a los cárteles, sino que apunta directamente a los vínculos políticos que los protegen. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene silencio, atrapado entre el intento de evitar una crisis diplomática mayor y el costo político de mostrarse complaciente ante una de las ofensivas más agresivas de Washington en los últimos años.
