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María Dolores González Sarabia tomó protesta como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante el Congreso local. Aunque prometió trabajar con autonomía, su nombramiento ha generado cuestionamientos debido a su parentesco con la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, lo que despierta sospechas de favoritismo político y compromisos ajenos a la independencia institucional.
Durante su intervención, aseguró que su objetivo será fortalecer al organismo, mejorar los procesos de recepción de quejas, profundizar las investigaciones y ampliar el impacto de las recomendaciones emitidas. Insistió en que la designación fue resultado de un proceso transparente con participación de diputados, consejeros y ciudadanos, aunque reconoció que existen sectores inconformes con el resultado.
El nombramiento fue aprobado por mayoría, con 60 votos a favor. Desde la oposición, legisladores exigieron que González Sarabia actúe con independencia, ética y que fortalezca los mecanismos de atención a víctimas, ante el temor de que la cercanía política con gobiernos de Morena influya en decisiones clave dentro de la institución.
Jannete Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, defendió el proceso y afirmó que González Sarabia no responde a intereses de grupos específicos. Resaltó su trayectoria de más de cuatro décadas en defensa de los derechos humanos, trabajo con comunidades rurales, pueblos originarios, víctimas de violencia y organismos internacionales.
Más tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó públicamente su felicitación a la nueva titular de la CDH. Sin embargo, su mensaje fue percibido como parte del intento de Morena por controlar organismos autónomos bajo el discurso de la transformación, lo que alimenta el escepticismo sobre la verdadera independencia de la comisión.
En paralelo, el Congreso capitalino aprobó en comisiones reformas al Código Penal para endurecer las penas por lesiones cometidas por razones de género y contra personas con orientaciones sexuales no normativas. También se avalaron incrementos de hasta dos años de prisión para el delito de amenazas y hasta 10 años para asociación delictuosa, reformas impulsadas por la jefatura de Gobierno.
