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Mientras el discurso oficial insiste en que Pemex va por buen camino, la realidad en altamar es distinta: casi la mitad de las plataformas petroleras del país se encuentran paralizadas por la falta de pagos de la paraestatal. Entre los afectados está Germán Larrea, presidente de Grupo México, quien decidió suspender actividades en cuatro plataformas ante la imposibilidad de seguir operando sin recibir los recursos correspondientes.
La deuda acumulada de Pemex con sus proveedores ha provocado una cadena de suspensiones operativas. Grupo México, uno de los contratistas más relevantes, optó por detener sus operaciones como medida de presión y para reducir sus pérdidas, ante el incumplimiento de pagos por parte de la petrolera estatal. Esta situación se agrava por el recorte presupuestal aplicado al área de exploración y producción de Pemex, que pasó de 25 mil millones de dólares a apenas 9 mil millones, limitando aún más su capacidad de saldar compromisos.
Pese a las versiones desde Palacio Nacional que aseguran avances en los pagos, los datos muestran un escenario completamente distinto. La carga financiera de Pemex sigue creciendo y su liquidez se deteriora. Jeanette Leyva Reus, especialista en el sector, reveló que las principales proveedoras mantienen contratos detenidos sin fecha de reactivación. El impacto no solo golpea a las empresas, sino también a la producción nacional de petróleo, que continúa a la baja.
Para contener el golpe económico, Grupo México implementó una estrategia adicional: trasladar las plataformas a Campeche, lo que le permitió reducir más del 85 por ciento de los costos operativos. Esta decisión busca mantener sus finanzas a flote y evitar que el impago de Pemex afecte aún más su flujo de efectivo. Sin embargo, la producción petrolera del país se resiente, poniendo en evidencia la fragilidad del sector bajo la administración federal.
En medio de este panorama, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció en agosto un plan de capitalización para rescatar a Pemex y reducir su dependencia de Hacienda a partir de 2027. Acompañada de Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda, la mandataria aseguró que la empresa podrá financiar sus operaciones en un año y disminuir su deuda a 77 mil 300 millones de dólares para 2030. No obstante, estas promesas contrastan con la crisis actual, donde proveedores suspenden servicios y plataformas abandonan el mar por falta de pago.
La situación expone nuevamente la inconsistencia entre el discurso político y la realidad operativa de Pemex. Mientras el gobierno insiste en que la petrolera se fortalece, las cifras, las deudas y la parálisis de plataformas muestran una empresa debilitada, incapaz de cumplir con sus compromisos básicos y cada vez más dependiente del endeudamiento público.
