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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad siete de los nueve juicios fiscales promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, con lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un total de 48 mil 326 millones de pesos en impuestos, recargos, multas y actualizaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
En una sesión que duró poco más de hora y media, el pleno del máximo tribunal desechó las impugnaciones del grupo empresarial al concluir que no existía ningún interés constitucional extraordinario que justificara su revisión. Los ministros acordaron mantener la deliberación en términos técnicos y evitar pronunciamientos políticos, pese al alto perfil del caso y la confrontación pública del empresario con el gobierno federal.
Los fallos confirman sentencias de tribunales colegiados que habían resuelto previamente en favor del fisco y establecen un precedente judicial que facilitará la resolución de otros litigios similares, incluso dentro del mismo conglomerado. Con ello, solo quedan pendientes dos asuntos adicionales —uno de Nueva Elektra del Milenio y otro de Totalplay— por un monto conjunto de más de 712 millones de pesos, los cuales serán abordados la próxima semana.
El caso más voluminoso fue el relativo al crédito fiscal de 33 mil 306 millones de pesos por ISR y recargos de 2013, en el que la Corte revocó la decisión de la expresidenta Norma Piña, quien había admitido la revisión del amparo. El ministro ponente, Arístides Guerrero García, recordó que el tema ya había sido descartado en 2023 por falta de trascendencia y que los criterios sobre el régimen de consolidación fiscal estaban plenamente definidos.
Durante los últimos cinco años, Grupo Salinas presentó más de un centenar de recursos legales, entre impedimentos, amparos, reclamos y conflictos de competencia, en una estrategia que buscaba postergar el pago. Incluso, en semanas recientes, intentó recusar a los nueve ministros de la Corte y solicitó diferir los fallos.
La decisión del pleno, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, pone fin a una larga batalla judicial entre el empresario y el SAT, en la que se acreditaron múltiples intentos de dilación por parte de las compañías del grupo. Con este fallo, la Corte cierra uno de los litigios fiscales más grandes en la historia del país y deja claro que las obligaciones tributarias no pueden evadirse mediante tácticas legales o presiones políticas.
