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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —413 votos— reformas al Código Penal Federal que elevan hasta 15 años de prisión la pena por el delito de despojo, un ilícito que se ha disparado en todo el país mientras las autoridades estatales y municipales, muchas bajo gobiernos de Morena, han permitido su expansión entre omisiones, negligencias e incluso presunta complicidad.
El legislador morenista Gerardo Ulloa, al presentar el dictamen, reconoció que el despojo se ha convertido en un “flagelo social” que destroza el patrimonio de miles de familias. Para ilustrarlo, citó el caso del Estado de México, donde más de 42 mil casos fueron registrados entre 2015 y 2025 en municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco y Tecámac, territorios marcados por la inseguridad y la falta de control institucional.
Ulloa calificó como un insulto la pena vigente —de tres meses a cinco años—, una sentencia que durante años ha facilitado la operación de bandas dedicadas a invadir predios, desalojar familias y apropiarse de bienes con total impunidad. La reforma ahora establece sanciones de seis a 10 años de prisión y multas de 500 a 2 mil UMAs para cualquier responsable de despojo.
El castigo será más severo cuando la víctima sea un adulto mayor, una persona con discapacidad o alguien en situación de vulnerabilidad, o cuando el delito sea cometido por servidores públicos, un punto especialmente sensible pues el propio Ulloa admitió lo que por años víctimas y organizaciones civiles han denunciado: el despojo ha crecido no solo por incapacidad gubernamental, sino por complicidad de autoridades con grupos criminales.
En esos casos, la pena podrá incrementarse hasta la mitad, alcanzando los 15 años de cárcel.
La reforma fue turnada al Senado, donde se espera un análisis rápido. Para miles de afectados en el país, representa un paso hacia el fortalecimiento del Estado de derecho; sin embargo, el verdadero desafío será romper las redes de corrupción que han permitido que este delito prospere en amplias zonas del país sin que el gobierno federal ni los estados hayan logrado contenerlo.
