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En plena ola de protestas campesinas y bloqueos carreteros, Minsa, la empresa de Altagracia Gómez Sierra —figura clave del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum—, salió a rechazar las acusaciones de estar detrás de un supuesto “cártel empresarial” que presiona los precios del maíz en perjuicio de los productores.
La compañía envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores asegurando que paga precios superiores a los internacionales y que incluso incorpora un “premio” de mil pesos por tonelada al maíz nacional, lo que —según sus cifras— representa un incremento de 24% respecto al maíz amarillo importado utilizado en otros sectores.
Sin embargo, esta versión dista mucho del discurso de los campesinos, quienes mantienen bloqueos y han denunciado que Minsa y otras empresas vinculadas al actual gobierno compran maíz extranjero —incluso transgénico— para abaratar costos, mientras pagan lo mínimo posible a los productores mexicanos. Este supuesto respaldo gubernamental ha encendido más críticas hacia la administración morenista, acusada de favorecer a grupos empresariales alineados con el oficialismo.
Minsa intentó matizar la polémica afirmando que sólo compra el 1% del maíz consumido a nivel nacional y que, por tanto, “no tiene intención ni capacidad para fijar precios”. También detalló que ha importado apenas 69 mil toneladas en seis años, frente a los 4 millones adquiridos a productores mexicanos.
La empresa trató asimismo de trasladar la responsabilidad al resto de la cadena productiva al subrayar que la harina de maíz representa apenas 35% del costo final de la tortilla, insinuando que los incrementos al consumidor no dependen de Minsa.
Aun así, el contexto político pesa. El hecho de que la compañía sea propiedad de una aliada de Sheinbaum empaña cualquier defensa corporativa, sobre todo mientras miles de agricultores denuncian abandono, presión económica y falta de apoyos suficientes frente al desplome de los precios internacionales.
Por ahora, el mensaje de Minsa busca contener daños, pero no disipa el malestar de los productores ni elimina la percepción de privilegios dentro de la red empresarial cercana al gobierno.
