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La cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, Ecuador, volvió a ser escenario de una fuerte tragedia este fin de semana. Trece personas privadas de la libertad murieron después de que un artefacto explosivo detonó justo afuera del penal, informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
De acuerdo con la autoridad, apenas se escuchó la explosión, la Policía llegó de volada y entró al centro penitenciario para hacer una revisión exprés de las áreas que podrían estar en riesgo. El SNAI señaló que el Departamento de Medicina Legal ya anda trabajando en las autopsias y en los procedimientos para precisar cómo falleció cada uno de los reclusos.
Este nuevo episodio se suma a la ya complicada situación del sistema penitenciario ecuatoriano. Nada más para darnos una idea: a inicios de noviembre murieron otros 31 reos en el mismo penal, presuntamente por asfixia, aunque hasta ahora no hay más detalles claros sobre lo que ocurrió.
El hacinamiento en las prisiones ecuatorianas ronda el 35%, según cifras del propio SNAI, y la cosa no es nueva: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que al menos 670 presos han sido asesinados dentro de estas cárceles marcadas por la violencia. Incluso el Ministerio del Interior ha reconocido que los centros penitenciarios ya no están a la altura del nivel de criminalidad que enfrenta el país.
Por lo mismo, el 25 de noviembre, la Comisión Interamericana insistió en su llamado al Estado ecuatoriano para garantizar la vida y la integridad de quienes están bajo custodia y tomar acciones inmediatas ante la escalada de violencia intracarcelaria.
