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Un caso que estremeció a Ecuador ya tiene sentencia. Un tribunal de garantías penales de Guayaquil condenó a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores, de entre 11 y 15 años, interceptados por una patrulla el 8 de diciembre de 2024 y hallados días después calcinados en la zona de Taura, en la provincia de Guayas.
De acuerdo con el fallo, 11 militares deberán cumplir 34 años y 8 meses de prisión, mientras que otros cinco recibieron condenas de 30 meses tras acogerse a la figura de “cooperadores eficaces”. Un elemento más, acusado como cómplice, fue absuelto por falta de pruebas, según determinó la Fiscalía.
🧩 Un operativo que terminó en tragedia
Los menores —Nehemías, Ismael, Josué y Steven, originarios del barrio Las Malvinas— fueron detenidos de manera irregular, trasladados a un sitio no autorizado y sometidos a golpes, maltratos y actos de extrema crueldad, hechos que, de acuerdo con el juez Jovanny Suárez, derivaron en su muerte.
“El tribunal pudo acreditar detención ilegal, ocultamiento de información, abuso de poder estatal y un pacto de silencio entre los integrantes de la patrulla”, subrayó el juez durante la audiencia virtual, cubierta por CNN. También señaló que ninguno de los militares se deslindó de los hechos y que su presencia armada facilitó la desaparición.
⚠️ Omisiones graves y abuso de poder.
El juez Suárez enfatizó que los uniformados incumplieron su obligación de llamar al Ecu-911, entregar a los menores a la Policía y proteger su integridad, pese a tratarse de niños y adolescentes. “El sufrimiento que les causaron fue probado. La patrulla tenía control total sobre sus vidas”, sentenció.
Tras conocerse el fallo, Abraham Aguirre, abogado de las familias, calificó la sentencia como “un hito en la garantía de derechos”. Dijo que, aunque el dolor sigue, los familiares encontraron un poco de aliento luego de un año marcado por la estigmatización y el desgaste emocional.
📢 Reacciones oficiales.
El Ministerio de Defensa expresó en un comunicado su “respeto irrestricto a la ley y a la sentencia”. La Presidencia de la República, no había emitido postura al cierre de esta información. También se busca la reacción de las defensas de los militares sentenciados, quienes podrían apelar el fallo.
🎥 El video que destapó el caso.
Uno de los elementos clave fue un video de una cámara de seguridad, presentado en la Asamblea Nacional, donde se observa a los menores siendo obligados a subir a una patrulla militar. A partir de ahí, la reconstrucción se sostuvo en testimonios, peritajes, chats y videos revelados durante el juicio.
La Fiscalía confirmó que los cuerpos fueron incinerados el 31 de diciembre de 2024 en Taura, apagando la esperanza de las familias y desatando una ola de indignación nacional. Antes de que se confirmara la muerte, el presidente Daniel Noboa aseguró que no habría encubrimientos, sin importar quiénes estuvieran involucrados.
💔 Un año de dolor y exigencia de justicia.
Durante las audiencias, cinco militares admitieron su participación y relataron golpes, amenazas, disparos y humillaciones, incluyendo frases como: “hemos llegado al lugar donde van a morir”. Los demás acusados negaron los hechos, afirmando que dejaron a los menores “sanos y salvos”.
Organizaciones de derechos humanos, juristas y colectivos sociales repudiaron el crimen y acompañaron a las familias, que no han dejado de exigir verdad, justicia y reparación. En marchas y homenajes, los rostros de los niños recorrieron Las Malvinas con un mensaje claro: “Eran futbolistas, no delincuentes”.
🗣️ Una sentencia no devuelve vidas, pero sí manda un mensaje contundente: el abuso de poder y la violencia contra menores no pueden quedar impunes. La herida sigue abierta, pero hoy la justicia dio un paso que Ecuador llevaba meses esperando.
