Una incursión de drones atribuidos a un cártel mexicano obligó a las autoridades estadounidenses a cerrar temporalmente el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, generando caos en vuelos comerciales y encendiendo las alarmas de seguridad nacional en la frontera. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa actuaron de inmediato para neutralizar la amenaza.

La FAA emitió la orden de restricción a las 23:30 hora local del martes, afectando todos los vuelos con origen o destino al Aeropuerto Internacional de El Paso. La medida, que inicialmente iba a durar diez días, fue levantada tras aproximadamente ocho horas de cierre. Aerolíneas como Southwest Airlines, United Airlines y American Airlines registraron retrasos y cancelaciones.
La zona fue clasificada como espacio aéreo de defensa nacional, y la FAA advirtió que el gobierno estadounidense podría emplear fuerza letal contra cualquier aeronave que representara una amenaza inminente. El despliegue militar para desactivar los drones dejó en evidencia la magnitud de la penetración del crimen organizado mexicano más allá de la frontera.
Mientras Washington confirmaba la incursión y la neutralización de la amenaza, la respuesta desde Palacio Nacional fue desconcertante. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no tiene ninguna información sobre el uso de drones en la frontera y pidió no especular. Se limitó a señalar que el espacio aéreo mexicano no se cerró.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó al Congreso sobre los ataques de naves de los cárteles, mientras que fuentes de inteligencia revelan que se detectan hasta 150 drones diarios operados por organizaciones criminales en la zona fronteriza. El incidente se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y México por el narcotráfico y las disputas comerciales.
La falta de información por parte del gobierno mexicano y la incapacidad de ofrecer una respuesta contundente frente a la evidencia presentada por su contraparte estadounidense dejan a México en una posición cada vez más vulnerable ante las presiones de la administración de Donald Trump.
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