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Un reciente estudio del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que el crimen organizado, a través del cobro del derecho de piso, está ejerciendo influencia en los precios de alimentos, combustibles y transporte en el país.
Los expertos señalaron un ejemplo concreto en Michoacán, donde el precio del limón por kilogramo se encuentra en 13 pesos, pero debido al derecho de piso, se incrementa hasta alcanzar los 50 pesos. Los mayoristas compran el producto a 60 pesos por kilo y los minoristas lo venden a 70 pesos, llevando al consumidor final a adquirirlo por 85 pesos.
El estudio enfatiza que, a pesar de la disminución de la inflación, el crimen organizado está operando como un cártel que controla los precios en la producción, distribución y venta de bienes, además de influir en la temporalidad y volumen de cosecha y fabricación.
Los sectores más afectados por este fenómeno son alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, gas y combustibles, muebles y artículos para el hogar, transporte, así como restaurantes y hoteles. El informe insta al gobierno a fortalecer la seguridad pública en la producción, distribución y venta de productos y a minimizar la presencia del crimen organizado en estos niveles.
Además, el estudio señala que ciudades dedicadas a la agricultura y ganadería como Irapuato, Guanajuato; Uruapan, Michoacán; Oaxaca; Xalapa; Coatzacoalcos; Aguascalientes; y Pachuca, están particularmente afectadas por la extorsión del crimen organizado.
Para abordar esta problemática, los analistas sugieren que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tome medidas para proteger los puntos de producción agrícola y manufacturera contra la intervención del crimen organizado, lo que podría ayudar a evitar el aumento de costos para los productores y, en última instancia, reducir los precios para los consumidores, lo que beneficiaría la inflación y las tasas de interés.
