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LO ESENCIAL
La presidenta municipal de Tulancingo de Bravo, Lorena García Cázares, emitió una postura institucional para defender la asignación de recursos a integrantes del Ayuntamiento, luego de que el síndico hacendario presentara una denuncia penal por presunto peculado. La querella, radicada bajo la carpeta 12-2026-04645 en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, acusa a la alcaldesa y a su secretario particular, Fernando Vital Licona, de un desfalco que podría alcanzar los 4 millones de pesos anuales.
Según la mandataria, el cabildo aprobó en la cuarta sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2024, dentro del presupuesto de egresos 2025, el concepto de gasto 440 000 denominado "ayudas sociales". Esta partida, afirmó, tiene como finalidad que los regidores cumplan con tareas de apoyo y gestión social con la ciudadanía. "Los regidores tienen derecho a realizar acciones de asistencia social", señaló, y precisó que cada edil debe entregar un informe de rendición de cuentas sobre la gestión de dichos apoyos.
CONTEXTO
El síndico Pedro Hiram Soto Márquez presentó la denuncia tras detectar inconsistencias en la documentación de la Cuenta Pública 2025. Su acusación señala que los pagos se triangulan mediante terceras personas para simular apoyos sociales, cuando en realidad constituirían bonos anuales de 200 mil pesos para los regidores, canalizados a través de la partida 441001 de la Secretaría Particular.
Entre las irregularidades documentadas por el síndico destacan 11 domicilios que concentran 38 apoyos distintos, así como beneficiarios con residencia en estados ajenos a la región, como Guanajuato y Tabasco. La denuncia también registra la entrega de recursos a funcionarios en activo, incluyendo personal de la oficina de la presidencia y del DIF Municipal, además de evidencias que vinculan estos apoyos con familiares de siete regidores.
EN PERSPECTIVA
La alcaldesa García Cázares enfatizó que su gobierno no encubrirá irregularidades ni emitirá juicios anticipados, y que dejará en manos del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo las verificaciones que legalmente correspondan. La postura oficial contrasta con la gravedad de las acusaciones, que involucran un esquema sistemático de desvío de recursos públicos mediante la simulación de programas sociales.
El caso pone en tensión la relación entre el Ejecutivo municipal y el órgano de fiscalización interna, al tiempo que plantea interrogantes sobre la supervisión de las partidas discrecionales en el gasto público local. La denuncia penal ya está en manos de la fiscalía especializada, mien
Etiquetas: Tulancingo de Bravo, peculado, corrupción municipal, rendición de cuentas, Hidalgo, fiscalización
