LO ESENCIAL
El gobierno de Estados Unidos elevó su preocupación respecto a la elección popular de jueces en México, al exigir que quienes resulten electos sean calificados, independientes y no queden sujetos a presiones de grupos delincuenciales o intereses extranjeros.
Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, presentó esta postura ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el pasado 16 de abril.
El representante estadounidense aclaró que la elección popular de juzgadores no es, por definición, contraria al Estado de derecho, ya que este mecanismo opera en varios estados de su país. Sin embargo, enfatizó que la inquietud radica específicamente en la calidad y autonomía de los candidatos que resulten favorecidos.
"Se necesitan jueces calificados e independientes, que no estén al servicio de los cárteles, los chinos ni de nadie más", señaló Kozak ante los legisladores, según el texto base disponible.
CONTEXTO
La advertencia fue comunicada en repetidas ocasiones al gobierno mexicano, en coordinación con la comunidad de inversionistas estadounidenses que operan en territorio nacional.

Kozak describió la situación como un proceso "en constante evolución" y advirtió que, si México aspira a atraer inversiones, debe adoptar medidas para que su sistema judicial genere confianza y no se utilice en contra de los inversores, incluso dentro del marco legal vigente.
EN PERSPECTIVA
La intervención del funcionario coincidió con la presentación de propuestas de ajuste a la reforma judicial por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien planteó restablecer las dos salas de la Suprema Corte, aplicar exámenes de conocimientos a aspirantes y reducir el número de plazas a elegir en 2027.
La ministra advirtió que la eliminación de las salas ha ralentizado la resolución de asuntos en el máximo tribunal, pues actualmente todo se analiza en el Pleno. "Las dos Salas permitían sesiones simultáneas y resolver el doble de asuntos", indicó.
Esquivel Mossa también señaló riesgos por el empalme del proceso electoral judicial de 2027 con la renovación de gobernadores en 17 estados, la Cámara de Diputados y congresos locales.
Etiquetas: reforma judicial, inversión extranjera, Estado de derecho, relación México-EU, Poder Judicial, Nacional · Consumo y estafas
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