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LO ESENCIAL
El fallo Diarra ha reactivado una de las disputas legales más significativas del fútbol europeo. Según información de L'Équipe, aproximadamente 1.000 futbolistas que han jugado en el Campeonato Francés se han sumado a la demanda colectiva Justice for Players contra la FIFA, impulsada tras la sentencia que declaró ilegales las reglas de traspasos de 2002.
En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el reglamento de traspasos de la entidad rectora del fútbol mundial vulneraba el derecho comunitario. Esas normas obligaban a los jugadores a obtener el consentimiento de sus clubes para marcharse; de no hacerlo, debían asumir la responsabilidad de los salarios pendientes hasta la conclusión de sus contratos.
La fundación Justice for Players, asesorada por el bufete Dupont-Hissel —el mismo que llevó el histórico caso Bosman—, anunció formalmente la demanda en el verano de 2025. El procedimiento se presentará en los Países Bajos en un plazo de dos a tres meses, con una reclamación que abarca desde 2002 hasta la actualidad y la incorporación automática de futbolistas neerlandeses.
CONTEXTO
La financiación del litigio corre a cargo de Deminor, que ha comprometido 20 millones de euros a cambio de honorarios condicionados al éxito del proceso. Compass Lexecon, firma especializada en economía del deporte, ha calculado las pérdidas potenciales en un 8% de la masa salarial acumulada entre 2002 y 2025.
Esta estimación arroja cifras sustanciales: 6.000 millones de euros para Europa y hasta 8.000 millones a nivel global, suponiendo que 100.000 jugadores resulten afectados por las antiguas disposiciones. La magnitud del reclamo sitúa el caso como uno de los mayores litigios colectivos en la historia del deporte profesional.
La respuesta sindical presenta matices relevantes. FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas, ha declinado participar formalmente en el proceso judicial, aunque mantiene respaldo público a la iniciativa. Esta postura refleja tensiones estratégicas sobre la mejor vía para incidir en la gobernanza del fútbol.
EN PERSPECTIVA
Por el contrario, la UNFP de Francia actúa como codemandante y ha impulsado activamente las inscripciones, elevando el número de participantes a entre 2.000 y 3.000. La causa cuenta además con el respaldo de 16 sindicatos nacionales, incluida la AIC italiana, lo que amplía su base de representatividad transnacional.
Más allá de la compensación económica, los impulsores de la acción buscan establecer un precedente sobre la regulación de las condiciones laborales. La agenda incluye la apertura de un diálogo socia
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