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LO ESENCIAL
Organizaciones internacionales de derechos humanos exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a recibir asistencia internacional para atender la crisis de desapariciones que vive México, donde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 133 879 casos desde 1952 hasta el 9 de mayo de 2026.
La Oficina de Washington para América Latina, la Fundación para el Debido Proceso y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center recordaron que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2026), se reportaron 52 458 desapariciones, el 39 % del total histórico, con un promedio de 728 víctimas mensuales.
En los primeros meses del gobierno de Sheinbaum la cifra ascendió a 998 desapariciones por mes, confirmando la tendencia al alza y evidenciando que las estrategias heredadas no han contenido el fenómeno.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ofreció al Estado mexicano un mecanismo de colaboración técnica y financiera para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y la investigación de casos, así como proteger a familias y colectivos buscadores.
CONTEXTO
El gobierno mexicano, sin embargo, rechazó la propuesta y calificó de “desactualizado” el diagnóstico del CED, argumentando que no reconoce los “avances” alcanzados desde 2018, el mismo periodo en que las cifras alcanzaron niveles récord.
Las organizaciones subrayaron que la gravedad del problema llevó al CED a solicitar, por primera vez, que el caso México se lleve a la Asamblea General de la ONU con carácter urgente, buscando un compromiso internacional que impulse una respuesta efectiva.
EN PERSPECTIVA
Además, alertaron sobre la violencia contra quienes buscan a sus familiares: en los últimos 15 años han sido asesinadas 22 personas, el 63 % madres de desaparecidos, y las amenazas continúan en 2026.
El llamado coincide con el Día de las Madres, fecha en que colectivos de mujeres exigen respuestas concretas sobre el paradero de sus hijos e hijas, y advierten que la búsqueda no puede depender únicamente de la voluntad gubernamental.
Las ONG reiteraron que aceptar ayuda internacional no es una concesión de soberanía, sino un deber del Estado para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a no repetición, principios que, según los datos oficiales, aún están lejos de cumplirse.
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