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LO ESENCIAL
El aumento de casos de despojo, invasión de propiedades, ventas fraudulentas y falsificación de documentos inmobiliarios en México representa una amenaza para el patrimonio de las familias, según Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas.
Estos delitos dejaron de ser hechos aislados y comenzaron a operar mediante esquemas organizados en diversas entidades del país. 'Estamos ante una epidemia de delitos patrimoniales que destruye familias y arruina inversiones de años', explicó Valencia González.
Los casos se han registrado principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo, afectando a propietarios con años de posesión, compradores de buena fe e inversionistas.
Los grupos involucrados han sofisticado sus métodos identificando inmuebles vulnerables, falsificando documentación, suplantando identidades ante autoridades registrales y comercializando propiedades sin autorización de sus legítimos dueños.
CONTEXTO
Según Valencia González, una de las dificultades es que muchas víctimas enfrentan estos casos como conflictos civiles, sin darse cuenta de que pueden constituir delitos con consecuencias penales.
El despojo, contemplado en el artículo 395 del Código Penal Federal, se configura cuando una persona es privada de la posesión de un inmueble mediante fuerza, engaño o abuso de derecho, con sanciones que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión.
EN PERSPECTIVA
El fraude inmobiliario, previsto en el artículo 386, incluye prácticas como la venta del mismo inmueble a distintos compradores, la comercialización de propiedades ajenas sin facultades legales o la creación de gravámenes ficticios sobre bienes.
A estos esquemas se suma la falsificación de documentos públicos o privados, prevista en el artículo 243, utilizada para elaborar escrituras, poderes notariales o actas apócrifas con el objetivo de dar apariencia legal a operaciones fraudulentas.
Señales de alerta para compradores y propietarios incluyen inconsistencias en firmas, sellos o fechas de documentos; presión para concretar operaciones fuera de notaría; cambios registrales sin consentimiento del propietario; reclamaciones de terceros sobre derechos desconocidos, así como la aparición de adeudos o gravámenes no reconocidos.
Etiquetas: Fraudes inmobiliarios, Delitos patrimoniales, Propiedad, Nacional · Consumo y estafas
