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LO ESENCIAL
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Raymundo Ramos en una lista de sanciones por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. La medida congela cualquier propiedad o activo que el activista pudiera tener en territorio estadounidense y prohíbe a ciudadanos de ese país realizar transacciones con él.
Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En años recientes, denunció haber sido objeto de espionaje mediante el software Pegasus durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando al Ejército como responsable de la vigilancia.
CONTEXTO
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a Ramos de liderar una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas. Según la versión del gobierno de Donald Trump, el activista habría operado "haciéndose pasar por defensor de derechos humanos" para beneficiar al grupo criminal con base en Nuevo Laredo.
La determinación de la administración Trump contrasta con el perfil público de Ramos como crítico de las fuerzas armadas y documentador de presuntas violaciones a derechos humanos en la frontera norte. La sanción lo coloca en la misma categoría que presuntos operadores financieros y miembros de organizaciones criminales.
EN PERSPECTIVA
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado una acusación formal ante tribunales ni ha dado a conocer documentos que sustenten los presuntos vínculos de Ramos con el narcotráfico. La designación se limita a la medida administrativa de sanciones económicas.
El caso plantea interrogantes sobre los criterios para determinar qué constituye desinformación y cómo se diferencia de la crítica legítima a instituciones públicas. También evidencia la ausencia de mecanismos de revisión judicial inmediata para quienes son incluidos en listas
Etiquetas: derechos humanos, sanciones, Pegasus, Cártel del Noreste, Nuevo Laredo, espionaje, relación México-EU, Nacional
