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LO ESENCIAL
En México se ha repetido tantas veces que Genaro García Luna fue condenado únicamente por los dichos de narcotraficantes confesos que pocos lo dudan. “No hubo videos”, “no hubo grabaciones”, “no hubo pruebas directas” repiten comentaristas y analistas políticos. El caso se construyó solamente sobre testimonios de criminales que buscaban reducir sus condenas. Es verdad que en el juicio de Brooklyn declararon personajes como Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, o Jesús “El Rey” Zambada y también que la defensa tenía argumentos perfectamente válidos para desacreditarlos. En Estados Unidos para declarar penalmente culpable a una persona se requiere unanimidad.
Todos los miembros del jurado deben concluir que la evidencia presentada supera la duda razonable. Precisamente por eso resulta poco creíble pensar que doce ciudadanos comunes de Nueva York, que probablemente nunca habían escuchado el nombre de Genaro García Luna antes del juicio, iban a condenar al exsecretario de
CONTEXTO
Pero el problema para García Luna fue que los testimonios no estaban aislados. La fiscalía federal entregó más de un millón de páginas de documentos, además de registros financieros, fotografías, comunicaciones y evidencia relacionada con empresas, propiedades y movimientos económicos. Aunque gran parte del debate público se concentró en los testigos protegidos, el jurado también escuchó otras preguntas mucho más difíciles de responder: ¿Cómo un funcionario público mexicano terminó asociado a un patrimonio y movimientos financieros incompatibles con décadas de salario gubernamental? Este punto fue crucial.
EN PERSPECTIVA
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que parte importante de los flujos financieros y de las operaciones vinculadas a sus socios y empresas venían de años anteriores. García Luna no fue condenado por “enriquecimiento ilícito” como ocurre en México. Los cargos centrales fueron conspiración vinculada al narcotráfico y falsedad de declaraciones ante autoridades estadounidenses. El componente financiero ayudó al jurado a determinar si los testimonios de los cooperantes resultaban plausibles y consistentes con la realidad material del caso. También ayudó la evidencia documentada de las falsedades en declaraciones ante autoridades estadounidenses.
En otras palabras, el patrimonio, los movimientos financieros y las falsedades no sustituyeron los testimonios, ayudaron a corroborarlos. La defensa no logró ofrecer una explicación convincente sobre cómo un funcionario público terminó asociado a movimientos financieros, estructuras empresariales y propiedades de esa magnitud. El jurado
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