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LO ESENCIAL
En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el pasado 9 de abril, las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsaron un amparo colectivo ante el juzgado federal de La Pampa. La acción judicial plantea la inconstitucionalidad de la reforma y solicita una medida cautelar para proteger el agua.
Más de 850 mil personas adhirieron a título personal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma. La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En el bloque actor de la acción legal también está presente Marta Maffei, autora de la Ley original de glaciares, junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país. Entre ellas se encuentran Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca y Asociación Alihuén.
CONTEXTO
La acción judicial cuenta además con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
El proceso legislativo que derivó en la reforma fue profundamente viciado, según denuncian los actores de la demanda. Se le negó la participación a más de 100 mil personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, incumpliendo con la participación amplia, integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú.
Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación. Las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción: se intentó validar la instancia agregando videos y ponencias escritas, pero con criterios arbitrarios que no cumplen con el requisito de transparencia.
EN PERSPECTIVA
La reforma representa un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional.
La suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley, incluyendo la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámen
Etiquetas: medio ambiente, derechos ambientales, participación ciudadana, legislación ambiental, recursos hídricos, Consumo viral · Marcas, recalls y escándalos, Hidalgo, Consumo viral · Marcas
