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LO ESENCIAL
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada decidió solicitar al Secretario General de la ONU que remita de forma urgente la situación de México a la Asamblea General. El objetivo es que se consideren medidas de apoyo al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
El organismo concluyó que existe información con indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Consideró que han existido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país.
El propio Comité aclaró que el procedimiento tiene carácter preventivo y busca movilizar atención y apoyo internacional. No persigue establecer responsabilidad penal individual ni funciona como comisión de investigación.
El informe señaló que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas. Sin embargo, subrayó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran en todo el territorio o sean ordenados desde los niveles más altos del Gobierno.
CONTEXTO
El documento mencionó la magnitud de la crisis: más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados. Advirtió que la situación no ha mostrado mejora sustancial pese a las medidas adoptadas desde 2021.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe. Sostuvo que se refiere principalmente a hechos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y solo en cuatro estados. Consideró la decisión parcial y sesgada.
La cancillería afirmó que el Comité omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados el 27 de marzo. Lamentó que haya rechazado estudiar información actualizada antes de publicar su resolución.
EN PERSPECTIVA
Destacó que el propio organismo reconoce la ausencia de indicios de una política federal para cometer ataques generalizados, lo que —según la dependencia— refleja una situación distinta a periodos anteriores.
La SRE señaló una supuesta falta de rigor jurídico en la argumentación y conflictos de interés de algunos integrantes del Comité. Al menos uno habría trabajado para organizaciones que presentaron quejas contra el Estado mexicano.
El Gobierno reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Aseguró que en la administración actual se emprendió una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares.
Etiquetas: desapariciones forzadas, ONU, SRE, derechos humanos, Asamblea General de la ONU, fosas clandestinas, crímenes de lesa humanidad, Nacional
