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LO ESENCIAL
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general de feminicidio. La modificación busca homologar la tipificación y sanción del delito en todo el territorio nacional, donde actualmente cada entidad federativa opera con criterios distintos.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobada con 109 votos. El dictamen instruye la elaboración de una ley que defina el tipo penal de feminicidio, establezca sanciones, agravantes y protocolos de investigación con perspectiva de género.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que la reforma representa una decisión de Estado. Según sus palabras, la modificación unifica criterios, homologa tipos penales y punibilidades, y define estándares de investigación.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena advirtió que la violencia feminicida constituye una grave violación a los derechos humanos que exige respuesta articulada del Estado. Su posición enfatiza la urgencia de atender el fenómeno sin demoras.
CONTEXTO
El texto aprobado establece bases homogéneas para la identificación, persecución y sanción del delito en los 32 estados y la Ciudad de México. El objetivo declarado es que ninguna muerte violenta de mujer quede impune o sea interpretada con prejuicio.
El dictamen contempla protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de feminicidio. El documento señala que esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen sus derechos.
El Estado deberá garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación del daño para estos menores. La medida amplía la noción de víctimas indirectas en el marco del delito.
EN PERSPECTIVA
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, subrayó en tribuna que el debate trasciende lo normativo. Según expresó, se trata de familias que viven con una silla vacía.
El documento destaca que la modificación constitucional no implica impacto presupuestario adicional para este ejercicio fiscal ni para los futuros. La afirmación contrasta con la ampliación de obligaciones estatales que la ley general implicaría.
La reforma ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados. Su aprobación requeriría mayoría calificada para la modificación constitucional.
Etiquetas: feminicidio, reforma constitucional, Senado, justicia, protección infantil, legislación, Nacional · Nota roja / Seguridad
