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El comité técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar informó que, al cierre de junio de 2025, se habían presentado 61 demandas de amparo que cuestionan la constitucionalidad del FPB y la transferencia de recursos provenientes de cuentas inactivas en las Afores. Estos procesos legales reflejan el creciente rechazo hacia un mecanismo impulsado por el gobierno federal que desde su creación ha sido señalado por opacidad, riesgos jurídicos y afectaciones al patrimonio de los trabajadores.
De manera paralela, hasta esa misma fecha se habían iniciado 66 juicios laborales en los que los promoventes reclaman al Banco de México, en su papel de fiduciario del Fondo, la devolución de recursos que presuntamente fueron trasladados al FPB sin autorización clara. En 48 de estos casos, Banxico fue llamado como tercero interesado, mientras que en los otros 18 fue directamente demandado.
Entre los 61 amparos promovidos, 28 provienen de integrantes del Poder Judicial de la Federación que impugnan la transferencia de recursos de sus fideicomisos hacia el Fondo. De estos, 13 asuntos ya se resolvieron en favor del FPB mediante sobreseimientos y recursos declarados sin materia, mientras que 15 casos permanecen pendientes. Los otros 33 amparos, presentados por particulares ajenos al Poder Judicial, continúan activos y elevan a 48 el total de procedimientos en curso al cierre de junio.
Estos amparos argumentan que el FPB vulnera principios constitucionales como la irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad. Señalan que la transferencia de recursos de cuentas inactivas equivale a una confiscación encubierta al haberse hecho sin resolución judicial, sin garantías para los titulares y sin claridad sobre el destino de los fondos ni sobre cómo recuperar los ahorros una vez ingresados al Fondo. Estos señalamientos han intensificado las críticas hacia la administración federal, que mantiene la defensa del FPB pese a sus implicaciones jurídicas.
Respecto a los juicios laborales, el comité detalló que 61 de los demandantes se presentan como beneficiarios de trabajadores fallecidos y 5 son trabajadores que buscan la devolución directa de sus ahorros. Banxico ya respondió todas las demandas, y hasta el 30 de junio se habían dictado siete sentencias de primera instancia: cinco favorables para el banco central y dos más sin condena explícita, aunque involucrándolo de manera que, según la institución, no corresponde conforme a la normativa vigente y por ello se promovieron los amparos respectivos.
El cúmulo de litigios exhibe las inconsistencias y dudas legales que rodean al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un proyecto emblemático del gobierno de Morena que continúa enfrentando cuestionamientos por su diseño, su legalidad y su impacto en el patrimonio de miles de trabajadores.
