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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad las medidas cautelares que desde hace siete meses mantienen protegida a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, frente a un juicio de revocación de mandato y a una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales. La decisión prolonga de manera indefinida un escudo judicial que ha impedido cualquier avance en la rendición de cuentas a nivel local.
Las suspensiones fueron concedidas en junio de 2025 por la entonces integración del pleno, a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y del hoy ministro en retiro Javier Laynez Potisek. Estas medidas seguirán vigentes hasta que la Corte resuelva de fondo las controversias constitucionales promovidas por la propia alcaldesa contra acciones impulsadas por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado.
El fallo se produjo luego de que el pleno declarara infundados cuatro recursos de reclamación, tres interpuestos por el Poder Legislativo de Guerrero y uno por la Auditoría Superior del Estado, que buscaban revertir tanto la admisión de las controversias constitucionales como las suspensiones otorgadas a la edil. Con ello, la Corte cerró la puerta a cualquier intento inmediato de fiscalización o control político desde el ámbito local.
En el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, relativo a la suspensión contra la auditoría estatal, se determinó que existen elementos suficientes para mantener la medida cautelar. El razonamiento central fue que los recursos observados corresponden a aportaciones federales, cuya fiscalización, según la Corte, compete exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a autoridades estatales.
La alcaldesa de Acapulco promovió las controversias a través del síndico municipal Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de frenar tanto un eventual proceso de revocación de mandato como los requerimientos de información relacionados con la Cuenta Pública 2023. El foco está en el uso de recursos del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, montos que permanecen bajo sospecha sin una revisión efectiva.
Los recursos de reclamación fueron analizados en tres proyectos distintos, elaborados por María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, todos en el mismo sentido: desechar las impugnaciones del Congreso local y de la auditoría estatal. Aunque en uno de los expedientes la Corte reconoció finalmente a la Auditoría Superior del Estado como autoridad demandada, ello no alteró el fondo del blindaje concedido a la alcaldesa.
La resolución refuerza la percepción de que, tratándose de figuras ligadas a Morena, los procesos de fiscalización y control político enfrentan obstáculos judiciales prolongados. Mientras el caso sigue congelado en la Corte, los casi 900 millones de pesos observados continúan sin una auditoría efectiva y la posibilidad de una revocación de mandato permanece suspendida, alimentando dudas sobre la voluntad real de combatir la opacidad y la impunidad en el ámbito municipal.
