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LO ESENCIAL
México no legisló el feminicidio por avance institucional, sino por emergencia nacional. Cuando un país necesita una ley específica para evitar que maten a sus mujeres, el problema ya no es jurídico: es estructural.
La reciente Ley General contra el Feminicidio en México, que se encuentra en ruta legislativa en el Congreso Federal, busca corregir una falla histórica: homologar la investigación en todo el país, establecer penas de 40 a 70 años de prisión y definir nueve razones de género que obliguen a las autoridades a tipificar correctamente estos crímenes.
En términos técnicos, es un paso relevante. En términos políticos y sociales, es también un reconocimiento implícito: el Estado mexicano ha sido incapaz de contener la violencia feminicida con los instrumentos que ya tenía.
México no partía de un vacío legal. El feminicidio ya estaba tipificado. La Suprema Corte ya había establecido que toda muerte violenta de una mujer debía investigarse con perspectiva de género. Existían protocolos, fiscalías especializadas, alertas. Lo que ha fallado de manera sistemática es la aplicación.
CONTEXTO
Los casos recientes lo vuelven a exhibir. Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México. La principal línea de investigación indica que fue asesinada ese mismo día. La propia autoridad reconoció retrasos injustificables en la reacción inicial.
A su nombre se suman otros: Carolina Flores, Lina Alejandra Rodríguez Castillo. Distintos contextos, una constante: mujeres asesinadas en un país donde, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
EN PERSPECTIVA
No todas son investigadas como feminicidio. No todas llegan a sentencia. Muchas ni siquiera llegan a una investigación diligente. La nueva ley intenta cerrar esas grietas. Establece criterios obligatorios para evitar que los casos se reclasifiquen como homicidios dolosos comunes.
Incorpora elementos como violencia sexual, antecedentes de amenazas o la relación con el agresor, y busca eliminar la discrecionalidad que durante años permitió minimizar estos crímenes. Es, en esencia, una herramienta para ordenar lo que el Estado no ha logrado hacer de manera consistente.
Pero hay un punto que no se puede soslayar: las leyes no investigan, no buscan, no sancionan. Lo hacen las instituciones. Y ahí es donde México sigue fallando.
Etiquetas: feminicidio, legislación, violencia de género, seguridad pública, justicia, Nacional · Nota roja / Seguridad
