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LO ESENCIAL
La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena inició una investigación contra Lorena García, alcaldesa de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por presuntas irregularidades en la entrega de apoyos sociales. La indagatoria partió de una denuncia presentada por Pedro Hiram Soto Márquez, síndico procurador hacendario del municipio.
Según el funcionario, se detectaron anomalías en el ejercicio del gasto público que podrían representar una pérdida de al menos cuatro millones de pesos para las finanzas del Ayuntamiento. Los recursos etiquetados como apoyos para la población habrían sido dispersos sin cumplir controles básicos de transparencia.
Soto Márquez detalló que el proceso de autorización carecía de estudios socioeconómicos, revisión de documentos y validación de datos de los beneficiarios. El tesorero en funciones expidió cheques que posteriormente se cambiaban por efectivo, sin corroborar la información de quienes recibían los apoyos.
CONTEXTO
Durante la revisión se identificaron 37 personas que habrían recibido apoyos duplicados o triplicados. En otros casos no existe comprobante de entrega a pesar de que los nombres figuran en los registros oficiales. El síndico también señaló la posibilidad de que familiares de regidores hubieran recibido recursos destinados a personas de escasos recursos.
El 14 de abril, Soto Márquez presentó denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Acusó a la alcaldesa de ofrecer presuntos sobornos de hasta 200 mil pesos a integrantes del Ayuntamiento, inicialmente planteados como "bono de gestión" o "aguinaldo" en diciembre de 2024.
La investigación reveló que estos recursos salieron del concepto de gasto 440000, destinado específicamente a apoyos sociales, lo que configuraría el delito de peculado. La denuncia penal ya está en manos de las autoridades estatales.
EN PERSPECTIVA
Lorena García rechazó las acusaciones el 15 de abril. Afirmó que su administración trabaja en favor de la ciudadanía y que los regidores tienen derecho a realizar asistencia social, siempre que comprueben los gastos. No obstante, las investigaciones internas de Morena y las indagatorias de la fiscalía continúan avanzando.
El caso pone en evidencia las tensiones al interior del Ayuntamiento de Tulancingo y las debilidades en los mecanismos de control del gasto público destinado a programas sociales. La ciudadanía espera resultados concretos de las indagatorias tanto partidarias como penales.
Etiquetas: Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Morena, corrupción, apoyos sociales, desvío de recursos, fiscalización
