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Una decisión judicial en Toluca ha alterado significativamente la situación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. La jueza Raquel Duarte Cedillo, del Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva por libertad condicional, acompañada de un depósito de garantía de 100 mil pesos.
Los individuos involucrados, cuyos nombres incluyen a Gustavo Rodríguez de la Cruz, Roberto de los Santos Eduviges y Ramiro Manzanares Sanabria, entre otros, ahora podrán continuar sus procesos legales en libertad condicional. Sin embargo, esta decisión viene con restricciones claras: deben presentarse quincenalmente ante el juzgado de distrito, se les prohíbe abandonar el país y acercarse al sitio de la desaparición en Iguala, Guerrero, además de cualquier contacto con víctimas y testigos.
A pesar de las advertencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) sobre el riesgo de fuga, la jueza determinó que la prisión preventiva no era la medida más adecuada ni proporcionada en este caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha cuestionado esta decisión judicial, acusando un sesgo a favor de los militares en el proceso. Además, señalan la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en favor de sus miembros y la reticencia a proporcionar documentos relevantes relacionados con el caso Ayotzinapa.
Este episodio subraya las preocupaciones sobre el poder militar sin contrapesos, que puede afectar la justicia y la búsqueda de la verdad en casos sensibles como este, según la observación del Centro Prodh.
