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LO ESENCIAL
El Senado de la República se encuentra en los últimos preparativos para discutir formalmente la Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial, una iniciativa legislativa que reúne a legisladores de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano. El proyecto de decreto contiene 223 artículos, 10 transitorios y un glosario técnico, elaborado tras meses de consultas con académicos, representantes de la industria, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta surge ante una realidad ya presente: algoritmos deciden aprobaciones de Sin embargo, el país carece de un marco normativo específico. La regulación vigente resulta fragmentaria: se aplican parcialmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, artículos del Código Penal contra deepfakes y normativas sectoriales aisladas.
CONTEXTO
Estos vacíos legales exponen a la población a riesgos documentados. Los legisladores identifican sesgos algorítmicos discriminatorios, manipulación electoral mediante contenidos sintéticos, vigilancia masiva sin contrapesos, vulneración de neuroderechos y campañas automatizadas de odio. La iniciativa busca cerrar estas brechas sin replicar los excesos regulatorios que, según advierten los propios promotores, podrían sacrificar soberanía tecnológica o competitividad económica.
El texto adopta un enfoque basado en riesgos, clasificando los sistemas en tres niveles: aplicaciones prohibidas, de alto riesgo y de uso limitado o personal. Su alcance cubre el ciclo completo de desarrollo —diseño, entrenamiento, despliegue y monitoreo— en sectores público y privado, con efectos extraterritoriales cuando afecten a residentes mexicanos. La norma vincula 31 ámbitos sectoriales y exige armonía interpretativa con otras 43 leyes existentes.
EN PERSPECTIVA
La propuesta establece prohibiciones tajantes: manipulación cognitiva o subliminal del comportamiento humano, puntuación social estatal, identificación biométrica masiva sin fundamento legal, sistemas autónomos letales sin supervisión humana, y deepfakes destinados a violencia digital de género, extorsión o acoso. En este último caso, el consentimiento se considera nulo cuando involucra a menores.
Para los ciudadanos, la iniciativa reconoce derechos específicos: primacía de la dignidad humana, neuroderechos que protegen identidad psicológica y autonomía de la voluntad, transparencia algorítmica con derecho a explicaciones de decisiones que afecten derechos, prohibición de discriminación con perspectiva de género, supervisión humana obligatoria en decisiones críticas, y mecanismos de apelación y reparació
Etiquetas: inteligencia artificial, regulación tecnológica, Senado de la República, derechos digitales, neuroderechos, transparencia algorítmica, Tecnología e IA
