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LO ESENCIAL
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que Dámaso Castro permanece como vicefiscal general pese a que Estados Unidos lo acusó de narcotráfico y posesión de armas. El funcionario continúa desempeñando sus funciones con plenas atribuciones legales, según un comunicado oficial.
La institución señaló que Castro atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la autoridad competente en estricto apego al marco jurídico. Esta postura contrasta con la de otros señalados que optaron por separarse temporalmente de sus cargos.
El Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya. La acusación principal es colaboración con el Cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
CONTEXTO
El Gobierno mexicano respondió que la petición no constituye una solicitud ordinaria de extradición y carece, por el momento, de elementos probatorios suficientes para justificar su carácter urgente. Esta distinción legal ha permitido que algunos funcionarios mantengan sus puestos.
Entre quienes solicitaron licencia temporal figuran el propio gobernador Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. Ambos esperan el desarrollo de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República.
Por el contrario, el senador oficialista Enrique Inzunza y el vicefiscal Castro decidieron permanecer en sus cargos. Todos los señalados han negado categóricamente las acusaciones de narcotráfico.
EN PERSPECTIVA
El caso ha generado una tormenta política en México por sus repercusiones en la relación bilateral con Washington. La decisión de mantener a Castro en un cargo clave de procuración de justicia, precisamente mientras lo investigan por delitos graves, plantea interrogantes sobre los mecanismos de rendición de cuentas en la entidad.
La Fiscalía sinaloense no precisó si existen procesos internos de revisión o medidas
Etiquetas: Sinaloa, fiscalía, extradición, narcotráfico, relación bilateral, Estados Unidos, funcionarios públicos, Nacional
