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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro relevante en el caso de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu al revocar el amparo que permitió la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán. Con ocho votos a favor, el Pleno invalidó la resolución que había dejado en libertad al exfuncionario y estableció criterios obligatorios para juzgar crímenes de lesa humanidad contra defensoras de derechos humanos.
El proyecto avalado, elaborado por el ministro Arístides Guerrero García, dio la razón a la familia de Uruchurtu, quien impugnó la decisión de un tribunal colegiado que en agosto del año pasado consideró insuficientes las pruebas para mantener la condena. La Fiscalía de Oaxaca ha señalado a Matus Marcial, junto con la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta y otras personas, como responsables de la desaparición ocurrida el 27 de marzo de 2021, sin que hasta ahora se conozca el paradero de la víctima.
La Corte determinó que el tribunal que concedió el amparo pasó por alto el contexto de riesgo extremo en el que operan las mujeres defensoras de derechos humanos, especialmente en entornos marcados por corrupción y abuso de poder. Por ello, ordenó devolver el asunto para que se realice un nuevo análisis judicial con perspectiva de género e interseccionalidad, criterios que ahora quedan como obligatorios para casos de esta naturaleza.
Durante la discusión, se subrayó que aplicar estos enfoques no implica relajar el estándar probatorio ni vulnerar la presunción de inocencia. Por el contrario, se busca fortalecer la calidad del razonamiento judicial mediante una valoración integral y contextual de las pruebas, particularmente en delitos clandestinos como la desaparición forzada.
Otros ministros coincidieron en que la resolución envía un mensaje claro contra la impunidad. Se destacó que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos exige un escrutinio más riguroso de los indicios y de las circunstancias en las que ocurren los hechos, especialmente cuando hay servidores públicos involucrados.
El caso de Claudia Uruchurtu sigue siendo un símbolo de la crisis de desapariciones en el país. La activista fue vista por última vez tras una protesta frente al ayuntamiento de Nochixtlán, donde fue subida por la fuerza a una camioneta. Las investigaciones sostienen que esa misma noche fue asesinada y su cuerpo ocultado, sin que hasta hoy haya sido localizado.
Con esta decisión, la Suprema Corte no solo reabre un caso emblemático, sino que fija estándares que obligan a los jueces a evitar lecturas aisladas de la prueba y a considerar el contexto de violencia estructural. Para las víctimas indirectas, el fallo representa una nueva oportunidad de acceso a la verdad y la justicia, luego de años marcados por resoluciones que, lejos de esclarecer los hechos, habían profundizado la sensación de impunidad.
